Conade es acusado de corrupción por 50 millones de pesos.

Conade es acusado de corrupción por 50 millones de pesos.

 

 

 

 

Autor: Sergio Calva

15 de febrero de 2020

La Secretaría de la Función Pública detectó personal con funciones administrativas cobrando con sueldos de entrenadores y varias empresas que compraban a sobreprecio.

Los problemas para el deporte mexicano continúan, la Secretaria de la Función Pública ha reconocido 7 irregularidades en auditorías realizadas a la Conade la cual es dirigida por Ana Gabriela Guevara, según la investigación de la Fiscalización de la Función Pública 2019.

Mediante un comunicado se dio a conocer que han evaluado el Fodepar, Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alta Rendimiento donde se afirma que se han encontrado alrededor de 6 casos confirmados y 5 más pendientes a revisión por irregularidades en recursos otorgados tanto a Entrenadores y Federaciones con un monto que asciende a los 50.8 millones de pesos.

"Derivado de los anterior, se destaca que la auditoría realizada al Fideicomiso “Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento”, en la que se determinaron 6 observaciones, 5 aún pendientes, en las que se detectó de manera general, desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la CONADE, designación de entrenadores deportivos, así como las comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del Fideicomiso, las cuales suman un monto superior a los 50.8 mdp.”

Todo esto luego de que varias personas laboren como personal administrativo con sueldo de entrenador lo que ha generado un desequilibrio en el gasto que han generado la investigación, esto fue visto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien le pidió a Irma Eréndida Sandoval que dirige la SFP abriera una investigación sobre las funciones y gestiones de la exvelocista.

Entre las irregularidades con el uso de los fondos del Fodepar, se encuentran las que realizó Víctor de Lucio, técnico responsable de deporte convencional de Conade, quien no comprobó debidamente 1.7 millones de pesos, pese a que solicitudes de transparencia, informó el diario El Universal.

En cuanto a la designación de entrenadores deportivos, que contrataron a personal que cumple con funciones administrativas con sueldo de entrenadores. Lo anterior, por ejemplo, fue el caso de Alejandro Gutiérrez, quien se desempeñó, al menos hasta septiembre del año pasado, como asistente de Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, pero tiene un sueldo de 35,000 pesos como coach.

Desde abril del año pasado, distintos ciudadanos, entre ellos ex metodólogos de la Conade y el presidente de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora, denunciaron ante el Órgano Interno de Control de la Conade las irregulares que atestiguaron.

Entre las empresas que han participado para desviar y malversar los recursos públicos del Fodepar destacan Edgar García Morales y Asociados S de RL de CV, Proyectos Científicos y Tecnológicos S de RL de CV y Volare Travel Shop, detalló a su vez el portal Proceso.

Otras más como Grupo Armazo, SA de CV, Operadora Turística BLUO, S de RL de CV, Muller Planning & Logistic, SA de CV, y Saha Innovación Empresarial, SAS, así como la persona física María Otilia Serrano Zamora han financiado y/o facturado eventos deportivos de federaciones del deporte adaptado.

Mucho se ha cuestionado el trabajo de Ana Gabriela Guevara al mando de la Conade, desde el retiro de becas mensuales a los ganadores de medallas olímpicas, así como la falta de apoyo hacía los deportistas, por lo que en su momento la misma dirigente salió en su defensa argumentado que todo esto eran acusaciones sin fundamentos.

Ahora se espera ver que sucederá, por el momento no ha salida a dar alguna declaración ante los medios y se espera que los próximos días haga valido su derecho de réplica ante estas acusaciones.

La SFP detectó 544,000 millones de pesos faltantes

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó el viernes, su primer informe de las auditorías realizadas en su primer año de gestión, las cuales, desde una visión estructural de la fiscalización, previenen y castigan la corrupción, y contribuyen a que las políticas y programas de gobierno federal logren sus objetivos en favor de la población, según señalaron en el comunicado.

Sandoval advirtió que, hasta el inicio de este gobierno, había un control prácticamente nulo en la APF, “porque no se hacía el esfuerzo de identificar y administrar riesgos sobre actividades sustantivas, y nuestro primer paso fue restablecerlo con un enfoque preventivo para disuadir actos de corrupción, propiciar la eficacia gubernamental y mejorar el desempeño institucional”.

Acompañada de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, afirmó que ya se revierte lo que administraciones pasadas hicieron para debilitar al Estado, institucionalizar el dominio de intereses privados y fomentar el imperio de la impunidad.

Bajo este esquema, que alinea la fiscalización con una visión de la corrupción como un fenómeno estructural, la Función Pública realizó durante 2019 casi 3,400 actos de fiscalización, de los cuales, más de 2,500 fueron auditorías que generaron más de 10,000 observaciones asociadas a más de 544,000 millones de pesos.

La secretaria Sandoval Ballesteros subrayó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó.

Mencionó casos ejemplares de corrupción como el desvío del trazado de una carretera, en Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; el sobrecosto de 1,442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz; y el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.

Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19,000 millones de pesos que incluyen más de 6,000 millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6,000 millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.

Con auditorías a la operación regional, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236,430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.

En materia de obra pública llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20,598 millones de pesos.

Como resultado de la fiscalización e investigación, la Función Pública abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23,000 millones de pesos.

“Hay otro caso muy conocido, relacionado con el ex Director General de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal”, señaló, operación con la que se defraudó al Estado y por la que se inhabilitó al ex funcionario por un periodo de 15 años y se le multó con más de 3,800 millones de pesos.